Este es el escenario que plantearon Adriana Labardini, integrante del Consejo Consultivo del Consumo de la Profeco y Alejandro Calvillo, que encabeza la asociación civil El Poder del Consumidor, quienes impulsan reformas legales como la aprobación de acciones colectivas de ciudadanos por la vía civil y penal, pues México junto con Cuba, Haití y Guatemala son los únicos países que no cuentan con esta figura en América Latina y el Caribe.
Detrás de la falta de defensa de los derechos del consumidor está el poder económico de las empresas con prácticas monopólicas, por lo que se necesita una reforma a la Ley Federal de Competencia, pues aunque para éstas “México no es exactamente un paraíso, no tenemos los elementos para inhibir estas actividades”, reconoció Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, quien alertó sobre el riesgo de que las compañías intenten frenar los cambios legislativos que se buscan en la Cámara de Diputados.
Tan sólo en el primer bimestre de este año la Profeco recibió un promedio de 311 quejas diarias, hasta acumular 18 mil 358. Los proveedores con mayor número de reclamos fueron la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Telcel, Dish y Teléfonos de México (Telmex).
Sin embargo, en una encuesta realizada por EL UNIVERSAL, sólo 16% de las personas consultadas recurrieron alguna vez a la Profeco, pero 53% de quienes lo hicieron no resolvieron su problema con mediación de la dependencia.
Profeco, rebasada por la realidad
En entrevista, Adriana Labardini, también directora ejecutiva de Alconsumidor AC, dijo que “el grado de impunidad que existe en las prácticas irregulares de consumo es de 90%”, ante una Profeco que desde su creación —en el año de 1976— “nunca ha actuado como un abogado del consumidor”.
“Las conciliaciones que maneja si bien en ciertos casos de proveedores pequeños funciona, no así para combatir los abusos de los grandes monopolios”.
Aseguró que la prueba de la ineficacia de la dependencia es que aunque se ganen las conciliaciones contra Telmex, Telcel o la CFE, éstas reinciden en sus prácticas. “Una conciliación de Profeco nunca va a solucionar que se combata el abuso, que es muy lucrativo”.
Alejandro Calvillo coincidió en el diagnóstico: “El marco regulatorio no sirve y la Profeco realmente no defiende a los consumidores, sólo es conciliatoria, obsoleta, se necesita una reforma profunda que la haga autónoma y le permita aplicar sanciones fuertes”.
La situación se agrava, consideró el titular de la asociación civil El Poder del Consumidor, ante un mercado que tiene prácticas monopólicas.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) identifica a México como uno de los países con mayores actividades de este tipo, “tenemos una empresa que maneja casi todo el huevo y el pollo, dos que manejan casi todos los lácteos, otra compañía acapara el pan de caja, otra la harina de maíz y una más la telefonía”.
El panorama, dijo, se traduce en que el ciudadano no cuenta con herramientas para defenderse “y cuando la gente trata de hacerlo no ve resultados, entonces no existe cultura de la denuncia, lo ve como una pérdida de tiempo y dinero, es pues un círculo vicioso”.
En la encuesta que realizó este diario, 65% de las personas consultadas indicaron que los derechos del consumidor no se respetan, aunque 79% aceptó que desconoce cuáles son, pero 68% refirió que tuvo problemas como el aumento de precios, la falta de respeto a la garantía de un producto, la mala calidad del mismo, irregularidades en el peso o cantidad vendidos, cobros excesivos y hasta maltrato en el servicio.
Labardini y Calvillo urgieron a tener la reforma al artículo 17 constitucional, que se discutirá en la Cámara de Diputados, para que se cree la figura de acciones colectivas, que permitirá que organizaciones puedan representar legalmente a los afectados o un grupo de personas se unan para una causa común, en materia ambiental, de derechos civiles, de salud o el referente al consumidor.
Sin embargo, reconocieron que las empresas tienen personal que cabildea entre los legisladores para acotar los alcances de esta reforma.
Calvillo señaló, por ejemplo, que en los últimos tres años se presentaron 45 iniciativas en la Cámara de Diputados para regular la comida chatarra en escuelas, su publicidad y el etiquetado, “ninguna ha pasado por el cabildeo de las empresas, y los legisladores, la gran mayoría han estado al servicio de las grandes corporaciones; lo que está en juego son sus intereses, ellas han bloqueado las iniciativas de acciones colectivas o los cambios a las multas por prácticas monopólicas”, especificaron los entrevistados.
Combate a los monopolios
La defensa de los derechos del consumidor entra al terreno de la lucha contra las prácticas monopólicas, donde México está a la zaga. Aunque en los próximos meses se discutirá una reforma a la Ley Federal de Competencia, que apuesta al aumento de las multas a las empresas que incurren en estas actividades.
Calvillo aseguró que en este momento la mayor multa es de 86 millones de pesos, “que es de risa para una gran corporación”, cuando el estándar internacional es de 10% de las ventas anuales de una empresa.
En el caso de Coca-Cola que fue multada en 2007 después de un proceso de siete años, explicó que “nosotros detectamos en los expedientes que la Comisión Federal de Competencia encontró información para demostrar que sólo en 1999 gastó 180 millones de pesos para implementar su práctica monopólica y le impusieron una sanción que no llegaba ni a 70 millones de pesos”.
Acusó que diputados —en su mayoría del PRI, seguidos por los del PAN— bloquearon una iniciativa para aumentar las multas a empresas.
Ley debe dar “más dientes”
Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, en entrevista reconoció que para impedir las prácticas monopólicas “no se ha llegado a las reformas legales, pues los poderes fácticos están haciendo muy bien su trabajo (…), es una realidad que existe el riesgo grave de que las grandes empresas trabajen vía sus cabilderos para frenar (las reformas legislativas)”.
“Necesitamos una mejor regulación, decisiones valientes en el Congreso y el Poder Ejecutivo que pongan como prioridad al consumidor, para que no estemos pagando precios que están por encima de 40% de lo que deberíamos de pagar si hubiese más competencia”.
Señaló que la reforma a la Ley Federal de Competencia tiene que dar “más dientes, más fuerza al regulador”.
Debe incluir, dijo Pérez Motta, sanciones disuasivas que se acerquen a las mejores prácticas internacionales, donde el nivel máximo de multas es 10% de las ventas anuales de la empresa.
También, agregó el presidente de la Comisión Federal de Competencia, debe incorporar sanciones penales, para las prácticas de colusión como el caso de los laboratorios que le vendían medicamentos al Seguro Social; se requiere también la posibilidad de sanciones cautelares, “es decir, cuando hay una práctica muy grave que la empresa pare en lo que se termina una investigación”.
Se requiere, dijo Pérez Motta, regular “las visitas sorpresivas a las empresas, pues México es el único país en el mundo que tiene que avisarles que la autoridad irá, pedirles información de antemano para que la escondan y ese tipo de instrumentos no existen hoy, lo que hace muy difícil que las investigaciones puedan ser sólidas, bien armadas”. Alertó que lo que se está buscando en la Cámara de Diputados “es exactamente lo contrario, y eso es lo que tenemos que evitar” con el apoyo de la sociedad.
Otero, Silvia." Consumidores, en la "orfandad" ante abusos."El Universal. 15 mar 2010. Web. 15 Mar 2010.
José Mauricio Martín Bufájer 1163268
Jorge Francisco Mejía Quiroz 1163123
Carlos Aguirre Firth 1162850
Amanda Bermúdez García 1163472
